El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra una gran agencia inmobiliaria operante en toda España, acusándola de llevar a cabo prácticas abusivas en la gestión de alquileres. Esta investigación, que comenzó en octubre, busca determinar si la empresa ha estado cobrando comisiones ilegales y obligando a los inquilinos a contratar servicios no requeridos. La Dirección General de Consumo ha tomado esta acción a raíz de denuncias presentadas por entidades como el Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que alegan infracciones serias en la gestión del arrendamiento.
Consumo subraya que la Ley de Vivienda prohíbe trasladar los costos de gestión inmobiliaria a los inquilinos, y aclara que las posibles infracciones podrían clasificarse como graves o muy graves, con sanciones que oscilan entre 100,000 euros y un millón de euros, dependiendo de la magnitud de la violación. Además, el Ministerio ha abierto otros expedientes contra plataformas de alquiler de viviendas turísticas por publicidad ilícita y prácticas engañosas. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio por parte del Ministerio para proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda, garantizando que se respete la normativa vigente en el sector.
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