El Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, una iniciativa impulsada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, cuyo objetivo es reducir significativamente el despilfarro de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Este nuevo marco normativo busca disminuir las pérdidas alimentarias un 20% en la producción y suministro y un 50% en el consumo per cápita para el año 2030. La ley estableció una jerarquía de prioridades, empezando con la prevención a través de la donación y la transformación de alimentos, y fomentando buenas prácticas como la correcta interpretación de las fechas de caducidad y el reciclaje. La norma ha sido bien recibida en el sector agrario y se espera que sirva de modelo para futuras legislaciones europeas.
Sin embargo, la ley también ha generado controversia al incluir en su texto enmiendas que afectan a la caza del lobo, permitiendo que este depredador sea cazado nuevamente en el norte del Duero, una medida bien valorada por diversas organizaciones agrarias que argumentan que permitirá un mejor manejo de las poblaciones de lobo y protegerá la ganadería. Además, el Congreso ha aprobado medidas que flexibilizan la contratación temporal en el sector agrícola y mejoras en la gestión energética para explotaciones agrarias. A pesar de estos avances, la solicitud para convertir la Agencia de Información y Control Alimentarios en agencia estatal fue rechazada, lo que ha sido criticado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, quienes consideran esta medida esencial para garantizar precios justos para los agricultores.
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