Los fiscales anticorrupción del caso ERE han desaconsejado a la Audiencia Provincial de Sevilla que consulte al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la validez de las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon condenas a figuras políticas como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este pronunciamiento llega tras una providencia de la Audiencia que planteaba si el Constitucional había sobrepasado su función de control judicial al interpretar de manera alternativa ciertos tipos penales relacionados con la malversación y la prevaricación. Según el Tribunal Constitucional, su interpretación de los hechos y las leyes implicadas en los casos de corrupción en Andalucía no vulnera el derecho a la legalidad penal, y dicha interpretación debería ser respetada por los tribunales.
En su informe, los fiscales argumentan que las dudas planteadas por la Audiencia pueden resolverse con el derecho interno, sin necesidad de involucrar a la normativa comunitaria. Destacan que el Tribunal Constitucional está facultado para revisar si las interpretaciones de las leyes por parte de los tribunales se ajustan al principio de legalidad penal. Añaden que las actuaciones a juicio del Constitucional no han afectado a los intereses financieros de la Unión Europea, y por ende, no existe un motivo que justifique la consulta al TJUE. Esta situación podría implicar que los tribunales ordinarios continúen aplicando las sentencias del Constitucional, reafirmando su capacidad para dictar justicia en este complejo caso de corrupción.
Leer noticia completa en La Tribuna de Albacete.
