Los fiscales anticorrupción que participan en el caso de los ERE han recomendado a la Audiencia Provincial de Sevilla que no recurra al Tribunal Superior de Justicia de la UE para cuestionar las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon condenas, incluyendo las de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este pronunciamiento se produce tras una providencia emitida por la Audiencia, que solicitó a las partes del proceso contemplar si el Tribunal Constitucional se había extralimitado en su función al interpretar de manera alternativa los tipos penales de prevaricación y malversación. El Tribunal Constitucional, en sus recientes decisiones, argumentó que sus sentencias no violan la legalidad penal y que no cabe interpretar la participación en la aprobación de presupuestos como una resolución en materia administrativa.
Los fiscales sostienen que las dudas expresadas por la Audiencia pueden ser resueltas por el propio tribunal y que no existe un déficit en la resolución judicial que impida emitir un dictamen sobre estas cuestiones. Además, argumentan que el Tribunal Constitucional tiene la autoridad necesaria para supervisar la correcta aplicación de las leyes y que las conductas en cuestión no comprometen los intereses financieros de la UE. Al respecto, los fiscales anticorrupción concluyen que hay razones jurídicas que desaconsejan un planteamiento ante el TJUE, enfatizando que el derecho nacional puede resolver las dudas planteadas sin necesidad de intervención europea.
Leer noticia completa en La Tribuna de Albacete.
