La educación superior en España enfrenta un giro significativo con la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que introduce nuevas exigencias para los centros privados de nueva creación. Esta normativa establece obligaciones como un número mínimo de alumnos, avales económicos y requisitos de titulación, así como un compromiso en investigación del 5%. La medida es impulsada por el Gobierno con el objetivo de eliminar «chiringuitos educativos» que no cumplen estándares considerados esenciales, desatando un fuerte rechazo por parte de la oposición y de la patronal de centros privados, que defienden el papel de estas instituciones en la mejora de la calidad educativa y la empleabilidad de los jóvenes.
El crecimiento desproporcionado de universidades privadas en los últimos años ha generado un descontento en el ámbito público, donde el número de campus se ha mantenido estable desde el año 2000. Con 41 centros privados activos frente a 50 públicos, las universidades privadas han visto aumentar sus matriculaciones en un 368% desde 1999, aunque el 78% de los estudiantes sigue prefiriendo la educación pública. A medida que el ministerio impone nuevos requisitos que también afectarán a instituciones ya existentes, la incertidumbre sobre el futuro de algunos de estos centros crece, lo que añade tensión al debate sobre la financiación y la calidad del sistema universitario español.
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