El Ayuntamiento de Albacete ha sido condenado por despido improcedente de un trabajador, quien estaba contratado bajo el Plan Corresponsables. La sentencia, emitida tras una denuncia de los servicios jurídicos de la UGT, establece que la extinción del contrato anunciado en junio de 2024 carecía de justificación, ya que no existe una causa válida que sustentara la naturaleza temporal del mismo. El fallo judicial argumenta que el uso de contratos temporales para cubrir funciones permanentes de la Administración pública constituye un fraude de ley.
Asimismo, el tribunal subraya que las actividades relacionadas con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, que se enmarcan dentro de las competencias del Ayuntamiento, deben ser desempeñadas por personal fijo y no pueden ser consideradas como servicios temporales, independientemente de la disponibilidad de financiación. Esta sentencia reafirma la posición de UGT Servicios Públicos, que aboga por la consolidación de estas actividades como servicios públicos sostenidos por empleados públicos. La administración local tiene la opción de readmitir al trabajador o indemnizarlo, y podría recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia.
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