Los recientes cacheos en la cárcel de Brieva, donde se encuentra Ana Julia Quezada, no han revelado la presencia de teléfonos móviles, según lo confirmado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Este anuncio llega en medio de una investigación judicial abierta para determinar si hubo algún tipo de colusión entre empleados de la prisión y Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018. La madre del menor, Patricia Ramírez, ha denunciado amenazas presuntamente provenientes de Quezada, lo que ha llevado a las autoridades a examinar si se permitió el acceso a dispositivos móviles a cambio de favores sexuales.
Fernández expresó su apoyo a Ramírez y destacó la gravedad del caso, que ha conmocionado a la sociedad. Aclaró que las investigaciones, tanto judiciales como administrativas, están actualmente en curso. Reiteró que hasta ahora no existen registros que certifiquen la existencia de teléfonos móviles en posesión de Quezada. La voluntad del Ministerio del Interior es de total colaboración para esclarecer los hechos, mientras se espera el avance de la investigación judicial que cuenta con la participación de la Guardia Civil.
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