En septiembre de 2023, el Consejo Regional de Transparencia y de Buen Gobierno, un organismo asociado a las Cortes de Castilla-La Mancha, comenzó su funcionamiento bajo la presidencia de Fernando Muñoz. Desde su inicio, el Consejo ha gestionado un total de 313 expedientes, desglosados en 28 correspondientes a 2023 y 285 en 2024, logrando resolver el 78% de ellos con «agilidad y priorizando soluciones sobre la judicialización», según ha informado Muñoz en una rueda de prensa antes de su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento regional para presentar la Memoria Anual correspondiente a 2024.
Muñoz destacó la consolidación de una «institución austera pero eficaz» en 2024, evidenciada por la resolución de desafíos operativos por parte de un equipo de solo ocho personas. Entre los logros significativos, señaló la creación de la sede electrónica del Consejo, una herramienta clave para la gestión eficiente de los expedientes.
Analizando los datos de 2024, se observa que Guadalajara concentró el mayor número de expedientes con 98, lo que representa el 34% del total, mientras que Toledo registró 55 expedientes (19%), Albacete 30 (11%), Cuenca 20 (7%), y Ciudad Real 15 (5%). Además, se abrieron 67 expedientes en otras provincias, lo que equivale al 24%.
En cuanto a los sujetos obligados reclamados, 180 expedientes (63%) fueron presentados frente a ayuntamientos, 72 (25%) ante la Junta de Comunidades, 21 (8%) contra diputaciones provinciales y 11 (4%) contra consorcios públicos. La demanda de acceso a la información pública mostró un aumento notable, pasando de 23 reclamaciones en 2023 a 247 en 2024, lo que indica una creciente necesidad de control sobre la gestión pública.
Muñoz enfatizó que, en 2024, se resolvieron un total de 235 casos, representando el 82,74% de los expedientes abiertos, con 61 reclamaciones estimadas y 58 desestimadas. En materia estadística, la página web del Consejo registró 7.233 visitas en 2024, un incremento del 144% en comparación con el año anterior, destacando el interés generado por la Guía de Acceso a la Información Pública.
Entre los logros también se encuentra la elaboración del Censo de Sujetos Obligados y el Mapa de Obligaciones, donde se identificaron y clasificaron más de 1.300 entidades públicas. Muñoz resaltó la importancia de cumplir con 132 obligaciones de transparencia en 13 categorías, estableciendo bases para una evaluación rigurosa a partir de 2025.
En el ámbito presupuestario, el Consejo ejecutó el 47% de su presupuesto anual de 1.370.000 euros, priorizando áreas como formación y tecnología. El remanente se destinará a proyectos innovadores, como la certificación de transparencia vinculada a inteligencia artificial. Asimismo, el presidente anunció la ampliación de talleres de formación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
La gestión del Consejo, con un personal limitado y un presupuesto modesto, ha demostrado que la transparencia es una inversión en democracia, con cada acción realizada convirtiéndose en un pilar para una Castilla-La Mancha más íntegra.
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