La pedanía de Argamasón, en Albacete, enfrenta serias dificultades para la construcción de nuevas viviendas y la venta de propiedades existentes, debido a las regulaciones que rigen igual que en la capital, a pesar de ser un núcleo rural con escasa población. Pilar González, alcaldesa pedánea, propone la implementación de bonificaciones en impuestos como el IBI, argumentando que los servicios disponibles en la pedanía son significativamente diferentes y limitados en comparación con la ciudad. Este alto costo fiscal se suma a la problemática del precio de las viviendas, muchas de las cuales, a pesar de estar en mal estado, alcanzan valores de hasta 80.000 euros, lo que desincentiva a nuevos residentes.

Otro aspecto crítico para Argamasón es el deficiente servicio de transporte público, que actualmente ofrece solo un viaje de ida y otro de vuelta en la mañana. González considera que esta situación es insuficiente para facilitar la vida de quienes trabajan en Albacete, impidiendo que se sientan atraídos a residir en la pedanía. La falta de opciones de transporte adecuadas también disuade a potenciales compradores, afectando así el desarrollo y la viabilidad de la comunidad.

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