El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb la eliminación de casi 66,000 anuncios de viviendas turísticas considerados ilegales en su plataforma, al infringir leyes de publicidad específicas de diferentes comunidades autónomas. Esta acción se deriva de la detección de 65,935 anuncios que no cumplen con la normativa vigente, como la falta del número de licencia o registro, que es obligatorio en varios territorios, además de incluir licencias fraudulentas. La situación ha llegado a los tribunales tras el recurso de Airbnb, que buscaba evitar el bloqueo de estos anuncios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la resolución del Ministerio, instando a la empresa a retirar de inmediato 5,800 anuncios. El ministro Pablo Bustinduy ha subrayado el compromiso del Gobierno por colaborar con las administraciones públicas para regularizar el sector de alojamientos turísticos y proteger los derechos de los consumidores, además de trabajar en medidas complementarias que refuercen esta causa. En paralelo, se han abierto expedientes sancionadores a grandes gestores de pisos turísticos por incumplimientos relacionados con la naturaleza jurídica de los arrendadores.
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