El Ministerio de Hacienda cerrará el próximo 30 de mayo el plazo para presentar observaciones al anteproyecto de ley orgánica que busca implementar medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas. Esta iniciativa, presentada el 15 de mayo, contempla que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de deuda de estas regiones, con Andalucía y Cataluña como principales beneficiarias, acaparando juntas más del 43% del total. La decisión se enmarca en un contexto político tenso, donde consejeros de comunidades autónomas del PP abandonaron una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en solidaridad con su partido, aunque su abstención en la votación se interpretó como una posible apertura hacia un acuerdo.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha manifestado su intención de que esta ley se apruebe antes de finalizar el año, un objetivo que requiere obtener la mayoría absoluta en el Congreso. Las reuniones bilaterales entre el Ministerio y las comunidades continúan, aunque el anuncio de acogerse a la condonación de deuda deberá ser formalizado una vez que la ley sea ratificada. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha respaldado la propuesta, sugiriendo que la condonación debería tener condicionantes, un enfoque respaldado por algunos grupos parlamentarios que piden revisar los criterios de distribución de la deuda.
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