El aforamiento de los cargos públicos, diseñado originalmente para proteger la autonomía y la independencia de los funcionarios frente a presiones judiciales, se ha convertido en un tema de polémica en la política española. Este privilegio, que debería facilitar el desempeño de funciones y evitar el uso abusivo de querellas, a menudo se utiliza como un escudo ante responsabilidades por delitos cometidos en el cargo. Recientemente, la situación ha resurgido en el debate político tras el caso del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien, al ser investigado, accedió a su condición de diputado, lo cual podría dilatar su proceso judicial gracias al aforamiento.

La oposición ha criticado la maniobra del PSOE, señalando que contrasta con las promesas de reforma del partido para limitar estos privilegios. En 2013, los socialistas propusieron limitar los aforamientos, y aunque el compromiso fue renovado en varias ocasiones, la reforma aún no se ha concretado. Mientras tanto, varias comunidades autónomas han avanzado en este ámbito; regiones como Canarias y La Rioja han modificado sus estatutos para eliminar el aforamiento. Este debate continúa agitando la agenda política en España, especialmente en un momento donde la rendición de cuentas se vuelve cada vez más necesaria.

Leer noticia completa en La Tribuna de Albacete.