La militante socialista Leire Díez ha presentado su baja voluntaria del PSOE tras ser grabada solicitando información sensible sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este martes, Díez acudió a la sede del partido en Ferraz, donde estuvo reunida con un instructor designado para el caso, aunque no ofreció declaraciones tras su comparecencia. La situación ha generado una creciente expectación mediática y ha llevado a grupos políticos, tanto de la oposición como de los socios del Gobierno, a demandar explicaciones del presidente Pedro Sánchez en el Congreso.

El escándalo ha suscitado un notable malestar entre los aliados del Gobierno, como ERC, Junts y Podemos, quienes han exigido la comparecencia de Sánchez, coincidiendo con las denuncias del PP y Vox sobre las implicaciones de los audios. El Partido Popular ha calificado la situación de «extrema gravedad» e incluso ha presentado denuncias ante la fiscalía anticorrupción. Además, Sumar ha abogado por medidas contundentes contra la corrupción, considerándola un asunto grave que requiere seriedad, mientras que la Asociación Unificada de Guardias Civiles también ha emprendido acciones legales contra Díez.

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