La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha reiterado su solicitud al Gobierno de España para que cumpla con un reciente auto del Tribunal Supremo. Este fallo exige medidas urgentes para garantizar la acogida de menores no acompañados bajo tutela en Canarias. Durante un acto realizado en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, García Torijano ofreció la colaboración de la región con una propuesta de 50 plazas, siempre que se contemple la financiación necesaria para llevar a cabo esta iniciativa.
García Torijano destacó que esta misma mañana se envió una carta a la ministra para urgir a que se atienda esta necesidad de manera adecuada. Recordó que ya en febrero se presentó una propuesta destinada a acoger a menores no acompañados que se encontraban en Canarias, con el fin de aliviar la situación de una comunidad autónoma que, según dijo, ha trabajado de manera conjunta en planes de contingencia.
La consejera subrayó la gravedad de la crisis, calificándola como una situación de emergencia, y enfatizó la necesidad de contar con recursos financieros adecuados para no comprometer el sistema de protección en Castilla-La Mancha. Según García Torijano, «es fundamental que los traslados se hagan con la inversión que luego da la posibilidad de una estabilidad en las plazas». Reiteró que la responsabilidad recae principalmente en el Gobierno español y Europa para hacer frente a esta emergencia.
Asimismo, hizo un llamado a las comunidades autónomas para que colaboren en la mejora de la calidad de vida de los menores, aunque subrayó que es esencial que el Ministerio de Infancia tome decisiones firmes y no se opte por soluciones de bajo coste. García Torijano solicitó a la Administración central y al Ministerio de Hacienda que se esfuercen en obtener una mayor financiación para abordar esta problemática.
El auto del Tribunal Supremo fue emitido el jueves pasado, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar medidas en un plazo improrrogable de 30 días para asegurar la acogida de aproximadamente mil menores no acompañados, quienes actualmente enfrentan una situación de hacinamiento en Canarias mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo.
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