El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido no dimitir tras ser procesado por el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fuentes cercanas a la Fiscalía han indicado que García Ortiz mantiene su inocencia y su compromiso con la integridad de la institución. Este proceso se originó por filtraciones vinculadas a una investigación sobre presuntos delitos fiscales de González Amador, quien, según argumentos de la defensa del fiscal, estaba al tanto y había autorizado las negociaciones del caso, lo que, a su juicio, anularía cualquier secreto de esas interacciones.

Mientras tanto, la postura del Gobierno permanece firme, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que hay plena confianza en García Ortiz. Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido Popular a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido su cese, vinculando además el asunto a la figura del presidente Pedro Sánchez. A pesar del procesamiento, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no contempla la imputación o procesamiento como motivos de cese para el fiscal general, lo que ha generado un vacío legal en torno a su situación.

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