El 12 de junio de 1985, Felipe González signó el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, un momento crucial que transformaría la economía de Castilla-La Mancha a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y la Política Agraria Común. Desde la entrada en vigor del tratado, la comunidad ha recibido más de 12.000 millones de euros en fondos estructurales, junto con alrededor de 32.000 millones de euros de la PAC. Este apoyo financiero ha permitido reducir la brecha económica con Europa, logrando que el PIB per cápita de la región alcanzara el 75% de la media de la UE en 2023, aunque con retrocesos marcados durante la crisis económica de 2008.
A lo largo de estas cuatro décadas, la gestión eficiente de los fondos ha sido fundamental para el desarrollo de infraestructura clave y la modernización del sector agrario, así como para la promoción de proyectos de innovación y sostenibilidad. En el actual periodo financiero 2021-2027, Castilla-La Mancha gestiona más de 2.000 millones de euros, con un enfoque en retos como la digitalización y la transición ecológica. Estos recursos también están dirigidos a combatir la despoblación rural y fomentar la inclusión social, consolidando así la región como uno de los grandes beneficiarios de la política de cohesión europea.
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