Una conversación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) entre el exministro José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exasesor Koldo García ha desatado un escándalo en torno a la supuesta deuda de varias empresas adjudicatarias de obras públicas. En la grabación, los tres mencionan que hasta cuatro constructoras les deben más de 400.000 euros, supuestamente en relación con el amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Este material apareció en un informe remitido al Tribunal Supremo, lo que llevó a que la UCO registrara la vivienda de Ábalos en Valencia, así como dos empresas en Navarra, otra en Granada y una más en Valencia.

El PSOE ha defendido la inocencia de Santos Cerdán, afirmando que no ha cobrado comisiones ni ha influido en las adjudicaciones. En un comunicado oficial, el partido ha expresado su descontento con la difusión de las actuaciones policiales a través de los medios, argumentando que esto crea una sensación de «indefensión» y fomenta juicios mediáticos. Cerdán se comprometió a ofrecer explicaciones públicas para restaurar su nombre y asegurar que su honorabilidad no se vea comprometida por estas acusaciones.

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