La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido aplicar la Ley de Amnistía a cerca de 40 ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, así como a empresarios vinculados al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la promoción internacional del proceso independentista. Esta resolución se produce en respuesta a la solicitud de la Fiscalía, que había solicitado la amnistía para los involucrados en esta causa, excluyendo a Albert Royo y Rosa Clavell, quienes enfrentan acusaciones de prevaricación administrativa. Entre los beneficiados se incluyen figuras destacadas como el exdirector general de Comunicación de la Generalitat y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio.
La magistrada Alejandra Gil, del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, unificó dos procedimientos relacionados con la financiación y la preparación del referéndum, concluyendo que todos los delitos investigados, incluyendo la malversación de fondos públicos, deben ser amnistiados. La Audiencia ha considerado que las acciones de los procesados estaban destinadas a difundir el proyecto independentista a nivel internacional. Los hechos amnistiados abarcan desde la contratación de informes sobre defensa internacional hasta el arrendamiento de un espacio de trabajo en Bruselas, todos relacionados con las aspiraciones de independencia de Catalunya.
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