Pedro Sánchez sufrió un duro revés en su intento por lograr la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una demanda crucial de Junts a cambio de apoyo parlamentario. La falta de respaldo suficiente llevó al Gobierno a retirar la votación prevista en el Consejo de Asuntos Generales, donde también se buscaba incluir el euskera y el gallego. Ocho países, entre ellos Alemania e Italia, se opusieron firmemente a la propuesta, lo que obligó al Ejecutivo a archivar la iniciativa debido a la necesaria unanimidad para cualquier cambio en el estatus lingüístico.

A pesar de sus esfuerzos diplomáticos, el Gobierno no logró convencer a los estados miembros, y el PP aprovechó la situación para criticar la gestión de Sánchez, desvinculando a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de cualquier responsabilidad en este fiasco. Algunos países continuaron expresando dudas sobre la viabilidad de este avance, temiendo que la oficialización del catalán pudiera desencadenar una avalancha de reclamaciones similares de otras lenguas minoritarias. En un clima tenso, la situación se convirtió en un punto de fricción en la política española y europea, mientras Junts instó a «paciencia y confianza» en futuras gestiones.

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