La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo que se inicie un juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusan de prevaricación y revelación de secretos. En el escrito de acusación, presentado por abogados de la APIF, se pide una condena de seis años de prisión y doce de inhabilitación, señalando también a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, como cooperadora del delito, con una pena solicitada de cuatro años y similares inhabilitaciones. La acusación se centra en la filtración de un correo electrónico crucial en el marco de una investigación fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, González Amador ha presentado su propia petición al Tribunal Supremo, solicitando una condena de cuatro años de prisión para García Ortiz por revelación de secretos y una suspensión de empleo y sueldo durante tres años. Además, reclama indemnizaciones por daños morales que ascenderían a 300,000 euros, argumentando que los delitos cometidos le han causado un daño irreparable a su intimidad y honor. El caso se agrava con acusaciones sobre la retención de un móvil por parte del fiscal, que podría contener evidencias relacionadas con los delitos mencionados.

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