El contrato relevo, diseñado para reemplazar a trabajadores que solicitan la jubilación parcial, enfrenta retos en su implementación debido a las nuevas exigencias legales impuestas por el Gobierno. La necesidad de rejuvenecer las plantillas laborales en España, donde la tasa de paro juvenil es alarmantemente alta, hace que esta modalidad sea esencial. Sin embargo, los costos asociados a la reciente reforma están desincentivando su uso, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. Durante los primeros nueve meses de 2023, se firmaron 5.894 contratos de relevo, siendo los sectores más representativos la administración pública, educación, sanidad e industria manufacturera.

La nueva normativa establece que el relevista debe ser un trabajador indefinido a jornada completa, garantizando estabilidad laboral y un salario adecuado. Además, se perfila como una medida que busca reforzar las finanzas públicas, al permitir que quienes se jubilan parcialmente continúen cotizando mientras perciben una pensión reducida. La reforma, que se aplicará hasta 2029, ofrece beneficios tanto al Estado como a los trabajadores relevistas, quienes, en lugar de perpetuar vínculos laborales precarios, accederán a empleos con mejores condiciones. La ministra de Inclusión y Seguridad Social ha señalado que las jubilaciones demoradas se han incrementado, lo que refuerza la sostenibilidad del sistema ante la inminente jubilación de millones de personas de la generación del baby boom.

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