El primer año del segundo mandato del presidente Nayib Bukele se ha visto marcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Activistas y organizaciones civiles destacan una «escalada autoritaria» que incluye la detención de líderes opositores sin procesos penales claros, especialmente de venezolanos expulsados desde Estados Unidos. La situación se enmarca en un contexto de irregularidades constitucionales, donde su partido, Nuevas Ideas, destituyó a magistrados de la Corte Suprema para permitir su reelección, una acción calificada como contraria a la Constitución salvadoreña.

Las críticas hacia Bukele han aumentado desde su llegada al poder, acentuándose con recientes detenciones de defensores de derechos humanos, incluidos profesionales del derecho que cuestionan su gobierno. Estos arrestos se han interpretado como parte de una estrategia sistemática para silenciar a la oposición y limitar la libertad de expresión. Con una nueva Ley de Agentes Extranjeros impuesta, que grava las donaciones a organizaciones no gubernamentales, el clima de represión se intensifica, dejando a muchos salvadoreños preocupados por el futuro del Estado de derecho en el país.

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