En un ambiente marcado por la tensión, todas las asociaciones de jueces y fiscales en España, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), han iniciado una huelga de tres días en contra de las reformas propuestas por el Gobierno. Estas modificaciones, que afectan el acceso a las carreras judicial y fiscal, han sido calificadas por los funcionarios como un ataque a la independencia judicial, lo que provoca preocupación sobre el futuro del Estado de Derecho. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido las reformas como necesarias para modernizar una justicia que, según él, no se ha actualizado adecuadamente desde el siglo pasado. Bolaños ha invitado a los colectivos a participar activamente en el proceso parlamentario, pese a que las asociaciones consideran insuficiente esta oferta.

Dentro del propio ámbito judicial existen discrepancias sobre la legalidad de la huelga. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado que el derecho a huelga de jueces y fiscales carece de soporte normativo, aunque no impondrán sanciones a quienes participen. Por su lado, el fiscal general del Estado ha recordado que deben garantizarse las intervenciones que afecten a los derechos ciudadanos. Las asociaciones convocantes insisten en que el derecho a huelga es fundamental y advierten que cualquier intento de obstaculizarlo sería gravemente infractor. Se han comprometido a evaluar la situación al terminar la huelga, no descartando nuevas medidas si continúa la controversia. Esta es la sexta huelga del sector desde 2009, marcando un ciclo de continuas tensiones en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo.

Leer noticia completa en La Tribuna de Albacete.