Castilla-La Mancha ha reiterado su compromiso de colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados, aunque se opone firmemente al modelo ‘low cost’ propuesto por el Gobierno español. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha expresado su preocupación de que este enfoque compromete la calidad del sistema de protección en la región, haciendo hincapié en la necesidad de una atención personalizada y los recursos adecuados para garantizar la seguridad y el bienestar de estos niños. El recorte de un 80% en los fondos asignados y un coste por plaza que, según denuncia, resulta insuficiente, son puntos claves en su crítica al actual planteamiento gubernamental.

A pesar de la falta de consenso durante la reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, García Torijano ha insistido en la urgencia de abordar esta situación con seriedad y recursos suficientes. Con más de 4.000 menores en espera de ser trasladados desde Canarias y Ceuta, la consejera aboga por un modelo de atención que garantice dignidad y calidad, alineado con las recomendaciones internacionales. La región, con el 98% de sus plazas ocupadas, se siente momentáneamente atrapada ante un sistema de protección que, según ella, no puede sostenerse «a bajo coste». En este contexto, Castilla-La Mancha continúa defendiendo su enfoque que prioriza la atención personalizada en unidades pequeñas, buscando así ofrecer una respuesta adecuada a una realidad compleja que requiere una visión solidaria y coherente.

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