La jueza que investiga la devastadora DANA del pasado 29 de octubre, que resultó en 228 víctimas mortales y considerables daños materiales, ha generado controversia al cuestionar un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La magistrada calificó dicho informe de «erróneo» e «incompleto», destacando su desacuerdo con las conclusiones que descartan un «apagón informativo» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Esta decisión emerge de una resolución del Tribunal de Instancia de Catarroja, donde la jueza denegó la solicitud de la acusación popular, representada por Liberum, de investigar al presidente de la CHJ.

La acusación popular, que también representa a una de las víctimas de la tragedia, había solicitado que el líder del organismo de cuenca fuera investigado a raíz de las conclusiones del informe de la Guardia Civil. No obstante, la jueza rechaza esta solicitud y cuestiona la validez del informe presentado, argumentando que sus consideraciones sobre las fallas y negligencias durante el evento son incorrectas. Este desacuerdo sobre la narrativa oficial respecto a la gestión de la crisis suma un nuevo capítulo a la ya compleja investigación y subraya las tensiones entre las diversas partes implicadas en el caso.

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