Alberto Alfaro, un policía local de Albacete, se encuentra sumido en una batalla legal que le ha impedido ver a su hija de dos años durante ocho largos meses. Tras una separación de hecho en mayo de 2024 con su expareja, la custodia de manera acordada parecía simple, pero la situación se complicó al buscar formalizar legalmente la custodia compartida. La abogada de Alberto, María Inmaculada Alcaraz, explicó que después de la demanda de custodia, surgieron denuncias inesperadas de violencia de género que cambiaron drásticamente el rumbo del caso. La acusación, basada solo en declaraciones de testigos, llevó a un juicio donde Alberto fue condenado, algo que él y su abogada consideran injusto y parte de una estrategia de manipulación del sistema judicial.

La otra parte, representada por Angelina Hurtado Sandoval, sostiene que el proceso no se manejó adecuadamente desde su inicio. Según ella, la falta de solicitud de medidas provisionales por parte de Alfaro y su abogada complicó la situación legal. Mientras se espera la resolución del recurso y el pleito principal, que se contempla para septiembre u octubre, Alberto permanece bajo una orden de alejamiento y afirma que lo único que pide es recuperar el vínculo con su hija, afectado por las circunstancias actuales. Este caso pone de relieve la complejidad de los procedimientos judiciales, especialmente cuando se entremezclan con denuncias de violencia de género, cuestionando la eficacia y el impacto de las leyes vigentes en situaciones familiares complicadas.

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