En un contexto de creciente presión migratoria, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha enfrenta un reto financiero significativo con la atención a menores inmigrantes no acompañados. Actualmente, el costo diario por menor es de 145 euros, muy por encima de los 35,75 euros que ofrece el Estado en su reciente reparto de fondos, lo cual solo cubre el 25% de los gastos. Según ha destacado la consejera portavoz, Esther Padilla, de los 100 millones de euros disponibles por el Ejecutivo central para el nuevo reparto, a Castilla-La Mancha le corresponden apenas 4,1 millones para atender a un total de 320 menores adicionales. Esto eleva el total de menores atendidos en la región a 642, exigiendo una reconsideración urgente de la financiación proporcionada por el Gobierno central.
Padilla subrayó el compromiso de Castilla-La Mancha con un modelo de acogida digno y denunció que la falta de financiación adecuada imposibilita cumplir con estos estándares de calidad sin incurrir en el riesgo de masificación. En respuesta a esta situación, la Junta ha interpuesto un Recurso de Inconstitucionalidad, argumentando la falta de participación de las comunidades en el diseño del reparto y la insuficiente aportación económica. Pese a las dificultades, el Ejecutivo regional reafirma su solidaridad, habiendo incluso notificado al Gobierno de Canarias sobre la disponibilidad de diez plazas libres bajo sus propios estándares de acogida, una oferta que aún no ha sido aprovechada.
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