El informe anual del Fiscal General arroja luz sobre la situación de protección a mujeres que sufren violencia machista en Castilla-La Mancha durante 2024, revelando que el 68% de las denunciantes cuentan con medidas de protección. Aunque la región se sitúa en una posición intermedia a nivel nacional, queda por detrás de comunidades como Aragón y Murcia, que registran porcentajes de protección superiores al 80%. Sin embargo, el informe también destaca las preocupaciones respecto a la implementación de las Unidades de Valoración Forense Integral, cuyo funcionamiento a menudo resulta limitado por diferencias territoriales en dotación y personal, afectando la efectividad de la protección ofrecida.

En detalle, la fiscalía resalta la situación desigual en las provincias de la región: mientras Albacete cuenta con un equipo completo capaz de emitir informes en un plazo de uno a tres meses, Toledo opera sin un psicólogo permanente y Cuenca enfrenta retrasos de hasta cinco meses. Pese a las limitaciones, se sostiene un nivel de atención considerable, con Cuenca asistiendo a 260 víctimas y Albacete a 394. Ciudad Real y Guadalajara muestran buena coordinación y atención a casos graves y civiles. Este panorama subraya la necesidad de reforzar la implementación de las unidades de valoración para asegurar una protección más efectiva y equitativa a las víctimas en todas las provincias de la comunidad.

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