Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Valencia, junto con el Ministerio de Industria, han solicitado una reunión conjunta con los máximos responsables de la empresa Mahle en Alemania. Esta iniciativa surge como respuesta al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la multinacional, que afectará a 550 empleados en su planta de Motilla del Palancar (Cuenca) y a otros 190 en Paterna (Valencia).
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha expresado su preocupación por la decisión de la empresa. Desde que el Gobierno regional tuvo conocimiento del ERE, han intentado «revertir o al menos retrasar» esta medida para poder trabajar en un plan de reindustrialización que asegure la continuidad de las capacidades industriales en el sector de la automoción, especialmente en la transición hacia el vehículo eléctrico.
Franco ha señalado que, aunque se han llevado a cabo contactos con la empresa y los sindicatos, así como conversaciones anticipadas con los ministerios de Industria y de Trabajo, no ha sido posible establecer un acuerdo que evite el ERE. Por ello, se ha decidido actuar de forma conjunta y convocar a los responsables de Mahle en Alemania para explorar opciones viables.
La consejera ha subrayado la importancia de las inversiones millonarias en la transformación del sector y ha manifestado su apoyo a los empleados afectados, destacando que el Ejecutivo regional está comprometido con las familias y continuarán trabajando para mantener la actividad industrial en la región, tanto en este caso como en el conflicto que enfrenta a la empresa Eserman de Puertollano, derivado de la reconversión logística anunciada por Repsol Química.
Franco ha advertido que la decisión de Mahle impactará no solo a los trabajadores directos, sino también a numerosas subcontratas y, por ende, a la población de las comunidades limítrofes. El impacto social, según ha dicho, será significativo, ya que muchos de los empleados de la planta provienen de localidades como Albacete, Utiel o Requena.
La consejera ha confiado en la colaboración de los ministerios pertinentes y de la Comunidad Valenciana para crear un marco que garantice el empleo de los trabajadores afectados y buscar posibles alternativas. Al ser consultada sobre la obligación de devolver los 40 millones de euros recibidos a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Franco ha indicado que esa cuestión aún no está en el horizonte, ya que depende del Ministerio de Industria, que está informado de la situación.
Finalmente, ha considerado «lamentable» que, a pesar de contar con cifras positivas en población activa, ocupación y desempleo, la comunidad esté enfrentando uno de los mayores ERE en su historia industrial.
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