El gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, ha dado un paso significativo en la mejora de su burocracia al aprobar una ley de Simplificación Administrativa. Esta iniciativa pretende reducir hasta 80 trámites mediante dos vías: la implementación del silencio administrativo positivo y la facilitación a través de declaraciones responsables y comunicaciones previas. Así, se busca eliminar demoras y papeles innecesarios, garantizando un contacto más ágil y directo entre la administración y los ciudadanos. Eshter Padilla, portavoz del gobierno autonómico, subrayó que esta medida también fomentará la digitalización, lo que permitirá una prestación de servicios más eficiente.

Este proceso de simplificación abarcará diversas consejerías, destacándose las de Hacienda y Agricultura, y se ejecutará en un máximo de nueve meses. Los cambios incluirán modificaciones legales, desde decretos hasta órdenes específicas. Ejemplos de trámites afectados son las becas para víctimas de malos tratos y la adhesión a la red de hospederías. Este esfuerzo no solo pretende modernizar la administración, sino también reducir brechas sociales al promover un modelo basado en la confianza. Según Padilla, este enfoque permitirá creer en la palabra de los ciudadanos y empresas cuando aseguran cumplir con la normativa, acercando así más la gestión pública al ciudadano.

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