Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales han convocado concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo el próximo lunes 29 de septiembre a las 19.00 horas. Esta movilización se enmarca en el Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre. El objetivo de las concentraciones es denunciar el «incumplimiento» por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha en su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema de salud pública.
Según información proporcionada por Amnistía Internacional, más de dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha implementado medidas efectivas que aseguren el derecho al aborto en la sanidad pública. Esto ha resultado en una dependencia excesiva de clínicas privadas y en la existencia de desigualdades territoriales en el acceso a este derecho.
Las organizaciones han expresado su preocupación por esta «dejadez institucional», que está generando serios obstáculos para que las mujeres ejerzan su derecho al aborto, afectando especialmente a aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad. A lo largo de los últimos dos años, se han dirigido en numerosas ocasiones al consejero de Sanidad y a la consejera de Igualdad, incluso utilizando el Portal de Transparencia, solicitando información sobre las medidas adoptadas para asegurar el ejercicio del derecho al aborto en Castilla-La Mancha.
La respuesta oficial de la Consejería de Sanidad, emitida a principios de verano tras una reclamación al Consejo Regional de Transparencia por el incumplimiento de plazos legales, ha evidenciado, según Amnistía, «la falta de voluntad política». Esta situación es alarmante, puesto que más del 60% de las mujeres que abortan en Castilla-La Mancha deben desplazarse a otras comunidades autónomas para poder ejercer su derecho.
Desde 2010 hasta 2023, solo se han realizado 18.895 de los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha en la propia región, lo que indica que el 99,94% de los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas o concertadas. Además, se han registrado tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos en un período de 14 años, lo que revela un patrón de objeción de conciencia que no debería ser aceptable a nivel institucional.
Por último, los colectivos organizadores han denunciado la «falta de voluntad» por parte de la Junta para entablar un diálogo con la sociedad civil, a pesar de las diversas solicitudes de reunión dirigidas a las consejerías de Sanidad e Igualdad.
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