La defensa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que revise la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien ha propuesto que la investigación por presunta malversación relacionada con la designación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa sea llevada a un juicio con jurado popular. El recurso presentado por el exministro Antonio Camacho, aboga por la falta de evidencias de que Gómez participara en dicho nombramiento o en el manejo de emolumentos. Camacho sostiene que la acusación de malversación es una interpretación excesiva del Código Penal y argumenta que las actividades de Gómez no encajan en el marco de funciones públicas, ya que no es una funcionaria.

El recurso también define como «labor puntual» el intercambio de correos electrónicos entre Álvarez y la Universidad Complutense de Madrid en relación con la cátedra dirigida por Gómez. La defensa resalta que Álvarez solo realizaba tareas administrativas bajo la dirección de Gómez y enfatiza que esta última no recibía compensaciones económicas por su rol en la cátedra. Asimismo, se subraya que los correos de Álvarez provenían de su cuenta personal y reflejaban una ayuda esporádica dada su amistad con Gómez. En cuanto a otros implicados, como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el recurso indica que tampoco pueden ser considerados autores del delito de malversación, ya que no son funcionarios públicos.

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