Un grupo de 300 alcaldes del Partido Popular (PP) en Castilla-La Mancha, emulando a los legendarios guerreros espartanos, ha decidido enfrentarse al gobierno regional en su demanda de derogar el polémico canon del agua. Estos dirigentes municipales, encabezados por Francisco Blanco y Israel Pérez, han llevado al Palacio de Fuensalida una carta firmada reclamando el cese del impuesto al presidente regional, García-Page. Consideran que este gravamen es injusto y perjudica a todos los municipios de la comunidad. Blanco ha hecho un llamamiento a sus homólogos del PSOE para que unan fuerzas en esta causa, alentados por un precedente que ha visto la Diputación de Ciudad Real pedir por unanimidad una moratoria de cinco años.

La oposición a este canon no se basa únicamente en cifras económicas, aunque Blanco, también alcalde de Cazalegas, señala que su municipio podría recaudar 100,000 euros, y en toda la región se estima una cifra de 30 millones. La protesta se centra en el argumento de que la directiva europea no impone tal impuesto, sino que sugiere políticas para el uso eficiente del agua. Blanco añade que ya existen cánones por aducción y depuración en la región desde hace años, desafiando así la justificación oficial de esta medida como un mandato de la Unión Europea.

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