La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha gestionado cerca de cincuenta expedientes sancionadores relacionados con agresiones a profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Así lo explicó Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos y Transformación, en un foro organizado por el Colegio de Médicos de Toledo. Esta región es una de las pocas en España que cuenta con un protocolo específico para sancionar rápidamente este tipo de incidentes, fortaleciendo al sistema sanitario con herramientas eficaces y más ágiles para enfrentar episodios de violencia en los centros de salud. Las sanciones establecen multas económicas que pueden llegar a los 15.000 euros en casos de agresiones físicas consideradas muy graves.
Además, se ha anunciado la ampliación de la consideración de autoridad pública a todos los profesionales de la salud, lo que implica mayor protección legal y administrativa para ellos. Este reconocimiento abarca incluso situaciones que puedan constituir delito y quedará reflejado en el procedimiento administrativo. Estos pasos se toman en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los trabajadores sanitarios, con el objetivo de disuadir conductas violentas y proteger mejor a aquellos que cuidan de la salud pública.
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