En un movimiento que sacudió el ámbito judicial español, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, presentó su renuncia tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación. La condena se debió a un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz, en una carta al ministro de Presidencia, expresó su respeto por la decisión judicial y afirmó que dejar el cargo era necesario para proteger la integridad de la Fiscalía española. A pesar de su abandono, Ortíz mantiene su convicción de haber servido al país con una vocación indiscutible de servicio público.
Tras su dimisión, la Fiscalía estará bajo la dirección temporal de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y cercana a García Ortiz. La decisión del Tribunal Supremo de inhabilitarlo, aunque no unánime, marcó un hito al ser la primera vez que un fiscal general se enfrentó a un juicio de esta naturaleza. Ahora, García Ortiz debe enfrentarse a un complicado proceso para retomar su carrera fiscal debido a las implicaciones legales de la sentencia. El tribunal, de tendencia conservadora, aún debe redactar la sentencia completa, y mientras se espera su contenido integral, la incertidumbre sobre el futuro de García Ortiz en la fiscalía persiste.
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