El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado una decisión significativa esta semana al aprobar nuevos contratos destinados a reforzar la atención en los centros sociosanitarios públicos de la región. Con una inversión que supera los 14 millones de euros, esta iniciativa busca garantizar la continuidad de servicios esenciales para las personas mayores y aquellas con discapacidad. Esta acción se inscribe dentro del compromiso del Gobierno regional con un modelo de atención que prioriza la persona, su autonomía e integración en la comunidad.
La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, anunció en rueda de prensa que los contratos beneficiarán a la Residencia de Mayores ‘El Jardín’ en Higueruela, Albacete, y al Centro ADIG ‘Crisol’ en Cuenca. Padilla destacó que «no se trata solo de cifras, sino de una apuesta decidida por avanzar en un modelo centrado en la autonomía y en la plena integración en la comunidad».
El contrato de gestión integral de la Residencia ‘El Jardín’, que cuenta con 56 plazas residenciales y diez de centro de día, implicará una inversión de más de cinco millones de euros a lo largo de los próximos tres años. Por su parte, el contrato del CADIG ‘Crisol’ en Cuenca tiene una dotación superior a los nueve millones de euros y garantizará la atención integral de personas con discapacidad intelectual grave durante el mismo periodo. Este centro no solo atenderá las necesidades básicas de sus residentes, sino que también trabajará en su inclusión social y en el desarrollo de habilidades adaptadas a sus diversas capacidades.
Además de estos contratos, Padilla anunció que la Residencia de Mayores ‘Núñez de Balboa’ y el Centro ‘Albatros’, ambos situados en Albacete, recibirán inversiones para mejorar sus espacios exteriores, los cuales juegan un papel crucial en la recuperación y el bienestar de los residentes.
La portavoz subrayó que, además de su función asistencial, estos centros se convierten en un motor económico al generar empleo estable y no deslocalizable, especialmente en las zonas rurales. Esto permite que las personas mayores o dependientes reciban atención en su entorno, a la vez que se ofrecen oportunidades laborales para los residentes de esas localidades.
Por último, Padilla reafirmó que las personas más vulnerables, como los mayores y aquellos con discapacidad, son una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha. La región cuenta con el mayor presupuesto de su historia destinado a estos colectivos, lo que ha permitido en la última década ampliar la red de centros de atención, reforzar la oferta de plazas públicas y garantizar la calidad de los servicios, así como facilitar el acceso en todo el territorio.
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