El Gobierno español ha impugnado un auto del Tribunal Supremo que le exige acoger a más de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y que actualmente están bajo la tutela de los servicios de protección en Canarias. La decisión del alto tribunal, que establece un plazo de diez días para que el Ejecutivo garantice el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, ha sido fundamentada en la situación «insostenible» en que se encuentran, ya que actualmente dependen únicamente del sistema de protección de la comunidad autónoma.
La Abogacía del Estado argumenta que la competencia para la acogida de estos jóvenes corresponde a Canarias, independientemente de su estatus como solicitantes de asilo. En su resolución, los magistrados subrayan la falta de recursos y mecanismos disponibles por parte de la Administración del Estado para garantizar el acceso a este sistema, algo que representa un derecho fundamental de todos los menores bajo su tutela. La situación plantea un desafío importante para las autoridades, que deben encontrar una solución viable para atender a esta población vulnerable.
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