La central sindical UGT ha puesto de manifiesto un notable incremento del 54% en el número de personas afectadas por despidos colectivos en Castilla-La Mancha durante 2024, con un total de 753 despidos en comparación con los 349 registrados en 2023. Este aumento ha sido revelado tras el análisis de los datos emitidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Toledo. De los despedidos, 399 son hombres y 354 mujeres.
Si se incluyen las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada, el total de personas afectadas se eleva a 2.148, según ha señalado UGT en una nota de prensa. Al desglosar las cifras por provincias, Albacete se posiciona como la más afectada, con 272 despidos colectivos, seguido de Toledo con 254, Ciudad Real con 151, Guadalajara con 61, y Cuenca, que reporta 15 casos.
Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, ha expresado su preocupación ante estos datos y ha enfatizado la necesidad de trabajar para reducir los despidos en la región. Carrascosa también ha abordado el tema del manejo de estos despidos colectivos, destacando que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores está atenta para garantizar que se lleven a cabo conforme a la legalidad y respetando los derechos que ampara el Estatuto de los Trabajadores, así como los convenios sectoriales en vigor.
«Es crucial establecer causas claras que justifiquen los despidos por razones objetivas, ya sean económicas, técnicas u organizativas, y que estas sean demostradas con total transparencia», ha afirmado Carrascosa. También ha incidido en que la invalidez de un despido colectivo puede surgir de diversas circunstancias, como la falta de un período de consultas real, la ausencia de documentación esencial, o negociaciones de mala fe que puedan evidenciar fraudes.
Además, Carrascosa ha reiterado que España continúa incumpliendo la Carta Social Europea en lo que respecta a los despidos. En su declaración, ha urgido a garantizar que los trabajadores tengan acceso a una protección adecuada en caso de despido, acorde a lo estipulado por la normativa, y que la compensación sea suficiente para cubrir los daños ocasionados, con el fin de disuadir a los empleadores de llevar a cabo despidos injustificados.
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