Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha testificado recientemente ante el juez del Supremo, Ángel Hurtado, en el marco de la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su declaración, Rodríguez admitió haber filtrado un correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informaba a la defensa de Alberto González Amador sobre la inminente presentación de una denuncia y la posibilidad de un acuerdo. Sin embargo, el jefe de gabinete negó haber estado al tanto de un correo anterior del 2 de febrero, donde se discutía un posible pacto a favor de González Amador, quien se enfrenta a cargos por fraude fiscal relacionados con la venta de mascarillas durante la pandemia.
Rodríguez argumentó que la situación es el resultado de una «operación política» del Gobierno contra un rival, sugiriendo que, de no ser por González Amador, el caso se habría resuelto rápidamente. Además, exigió un juicio ejemplar para el fiscal general por la supuesta divulgación de un expediente secreto, reiterando la importancia de proteger la privacidad de los ciudadanos, independientemente de su estatus. La declaración se centró en determinar cómo Rodríguez obtuvo información sobre los correos y quiénes estaban al tanto antes de que estos llegaran a los fiscales, lo que ha generado un intenso escrutinio sobre las dinámicas de poder y acceso a la información en el contexto de la política española.
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