Amnistía Internacional ha expresado su inquietud respecto a la adquisición de armas táser por parte del Ayuntamiento de Toledo, y ha procedido a enviar una carta al alcalde, Carlos Velázquez, cuestionando sobre distintos aspectos concernientes a estas herramientas de electrochoque. En la carta, fechada el 31 de mayo, la organización de derechos humanos indaga especialmente sobre la capacitación de los efectivos en el manejo del armamento, los procedimientos establecidos para su uso y sobre los sistemas de evaluación y responsabilidad aplicados tras su activación.
La ONG, en su escritura, hace hincapié en los riesgos que encierran las armas táser, las cuales en ciertas ocasiones pueden ocasionar daños considerablemente graves y hasta ser letales. Esta problemática aumenta cuando las personas objetivo son especialmente vulnerables a los efectos nocivos de dichas intervenciones, citando como ejemplos a mujeres embarazadas, ancianos, individuos con enfermedades cardíacas o aquellos bajo influencia de sustancias psicoactivas.
Amnistía Internacional mantiene una postura no contraria a la inclusión de las táser como herramienta policial, pero sí enfática en cuanto a las condiciones y límites que deben regir su uso, promoviendo siempre el máximo respeto hacia los derechos humanos. Consecuentemente, la organización sopesa que el recurso a estas herramientas se justifica únicamente en escenarios de amenaza inminente hacia la integridad física que no puedan abordarse con tácticas menos invasivas, y siempre como última alternativa ante la posibilidad de usar la fuerza de modo más destructor.
La entidad también urge a un detallado esquema de prohibiciones sobre las situaciones específicas en que las armas táser no deben utilizarse, así como de la necesidad de impedir su uso en ciertas áreas del cuerpo humano. Así mismo, Amnistía Internacional ha interrogado sobre los fundamentos y argumentos que motivaron la compra de este tipo de arsenal por parte del Ayuntamiento, que ha justificado la necesidad de dichas adquisiciones como medios para confrontar y contener a individuos violentos, mencionando un incremento en la imposibilidad de solucionar ciertas amenazas mediante fuerza física desde el año 2020.
Al hilo de estas inquisiciones, la fundación hizo llegar varias cuestiones a la figura municipal, encaminadas a desvelar detalles sobre el volumen y tipo de estos dispositivos, de las unidades policiales dotadas con estos recursos, de la naturaleza y duración de los entrenamientos brindados a los efectivos, de la existencia de protocolos de utilización y demás medidas de fiscalización postuso. Las respuestas a dichas cuestiones aún están pendientes de resolución.
Es menester subrayar que esta no es la primera instancia en que Amnistía Internacional da un paso al frente para indagar sobre el uso de las táser; distintas administraciones municipales de ciudades castellanomanchegas, entre ellas Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, así como otros puntos de la región, han sido destinatarias de requerimientos análogos, demostrando así el contínuo escrutinio de dicha institución en escenarios de potencial uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades locales.
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