El agua, elemento indispensable para la vida, es un derecho humano, así declarado por la ONU en 2010.
Pese a esta aplastante obviedad, los grandes inversores privados y su voracidad, sin atisbo alguno de moralidad, hace tiempo que pusieron sus esfuerzos en acaparar este recurso para convertirlo en un negocio, sin encontrar freno alguno por parte de los administradores de lo público, que regalan a los intereses privados este don de la naturaleza.
En España la inmensa mayoría del agua dulce se destina a uso agrícola, un porcentaje de alrededor del 90%, siendo su reparto dentro de este sector muy desigual, de forma que una pequeña porción de los concesionarios, a los que llamamos “aguatenientes” acaparan la mayor parte de estas dotaciones, en una lógica perversa de acumulación de un recurso público para producción de inmensos beneficios privados, con unos ridículos retornos sociales. Estas arbitrarias concesiones, sin ninguna justificación social, ecológica, ni moral, están creando, en una situación climática en la que cada vez son más escasas las precipitaciones y mayores los consumos y demandas, un desastre ecológico de primera magnitud, secando ríos, manantiales y arroyos y agotando los acuíferos que los alimentan.
Por si fuera poco, los insumos tóxicos de la agroindustria, fertilizantes y agro tóxicos como herbicidas y plaguicidas terminan en las aguas por infiltración o escorrentía, contaminando irresponsable y gravemente la poca agua que dejan para el resto de usos, urbanos y ecosistémicos. La contaminación agro ganadera del agua está dejando cada vez más poblaciones con sus suministros de agua inservibles, teniendo que recurrir en muchos casos a abastecerse mediante cisternas, pero no es este el único ejemplo de cómo los intereses privados, el lucro, se imponen al interés general.
El abastecimiento humano y el saneamiento, servicios esenciales prestados por las administraciones locales, hace tiempo que están en la agenda de los grandes oligopolios, que mediante presiones, sobornos y mantras falaces, como la supuesta mejor gestión del sector privado, han ido acaparando esta porción del recurso, que si bien es pequeña proporcionalmente, supone un gran negocio en manos privadas. El trilerismo de la colaboración público privada, consorcios municipales en los que las entidades locales asumen los gastos y las inversiones, y la empresa privada drena los beneficios, son un atentado al interés público, a los ciudadanos.
Como ejemplo muy ilustrativo de este desmán podemos hablar de la ciudad de Albacete, en la que el consorcio está compuesto en un 26% por ciento por el Ayuntamiento, titular del servicio, y Aquona con un 74%. Aquona pertenece a Agbar, a su vez perteneciente al grupo Suez, que está en manos del gigante Veolia, grupo francés cuyos propietarios son fondos de inversión como Vanguard, banco de Noruega y Qatarí Diar, entre otros. Lo que debiera ser un servicio público, cuyos beneficios (si los hubiera) se reinvirtieran en la mejora del servicio o en la propia ciudad, se transforma en un oscuro negocio, donde los precios del servicio suben sin justificación, las plantillas de trabajadores merman y ven reducidos sus salarios y derechos, y los beneficios generados por una gestión que busca no el interés público sino la maximización de la rentabilidad acaban en los bolsillos de los accionistas y ejecutivos de estas empresas y de los fondos buitre. Negocio redondo, los gastos para las administraciones públicas y los beneficios para los concesionarios privados.
Para mayor escarnio, en la prestación del servicio, al caer en manos privadas, se descuidan muchos aspectos, como ejemplo pondremos la gestión de las aguas residuales, que en este negocio se convierten en un engorro al no arrojar beneficios. Dentro de la factura a los usuarios hay un porcentaje destinado a la depuración, porcentaje que al no destinarse a este fin no mejora la calidad del agua que se devuelve al medio.
En función de la calidad del agua que se devuelve, la administración responsable de este vertido paga a la Confederación Hidrográfica de la cuenca a la que pertenece un canon de vertido, mayor cuanto peor es la calidad del agua emitida. Así, si la empresa gestora descuida la depuración, las consecuencias de su negligencia son pagadas por los habitantes del municipio, además por partida doble, una primera vez en el recibo y una segunda vez por el canon que paga su Ayuntamiento.
En el caso de la ciudad de Albacete la muy deficiente depuración, de la que sólo se completa la fase primaria, la separación y decantación de sólidos, el Ayuntamiento, obligado por ley a cumplir unos parámetros de depuración que incumple de forma reiterada, ha pagado la exorbitante cifra de 3.637.496 euros del año 2017 al 2020, en concepto de canon, además de recibir sanciones por el incumplimiento de parámetros mínimos en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo total y diftalato. Como premio a esta desastrosa gestión y para no comprometer los pingües beneficios del gestor privado, tras las multas que el Estado español paga a Europa por el incumplimiento de los parámetros de depuración que imponen las leyes europeas, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se hizo cargo de la ejecución y el pago, cofinanciado por el europeo Fondo FEDER, de las obras de ampliación de la estación de depuración de aguas residuales de Albacete, cuyo coste será de nada menos que 32.017.723 euros. Estas obras comenzaron en septiembre del año 2022, y acabarán en un plazo de treinta y seis meses, durante los cuales se seguirán vertiendo aguas muy deficientemente depuradas.
Irónicamente, en dicha obra de ampliación y modernización se contempla, como uno de los objetivos, la adecuación del agua resultante para su utilización en riegos agrícolas, cuando estas pútridas y super-contaminadas aguas llevan décadas usándose para regadío, en todo el trazado, desde la depuradora, hasta que las agotan por completo antes de su unión con el río Júcar, contaminando el acuífero por infiltración, con el consentimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Esta desastrosa gestión, en manos de fondos buitres, supone un agujero inmenso en las arcas públicas, mientras que el gestor privado del servicio se embolsa suculentos beneficios. A su vez, el Ayuntamiento de Albacete acondiciona y cede un edificio histórico, patrimonio de la ciudad, para que la concesionaria instale allí sus oficinas y laboratorios, nos cuente bonitos cuentos de gestión sostenible, y culpabilice a los niños que acuden en visitas escolares a dicho trampantojo (CIAB, Centro de Interpretación del Agua de Albacete) por no cerrar el grifo mientras se lavan los dientes. Urge re-municipalizar lo que nunca debió caer en manos privadas, para que lo que debe ser un servicio público, universal, asequible y de calidad no siga siendo el negocio de los fondos de inversión, ruinoso social y económicamente para los ciudadanos. Sobran los ejemplos de municipios que han recuperado la gestión pública del ciclo integral del agua, (no sin resistencia por parte del lobby de las empresas concesionarias), como ejemplo la ciudad de Valladolid, que tras recuperar la gestión tras un largo proceso judicial ha demostrado que la gestión pública es no sólo posible, sino más eficaz, ecológica y socialmente sostenible, al no perseguir el beneficio económico como fin, sino la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles, para los usuarios, los trabajadores y el medio ambiente.
Nota de prensa David
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