En una rueda de prensa celebrada en la sede provincial del sindicato CCOO en Albacete, el secretario general, Paco Gómez, junto a la secretaria de Igualdad y Juventud, María Olivas, ha presentado un nuevo buzón de denuncias e información para abordar prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda. Esta iniciativa surge en un contexto donde la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas y preocupaciones de la sociedad, siendo para CCOO Albacete un asunto prioritario.
Paco Gómez ha señalado que, en el último año, los precios de la vivienda han aumentado un 13,7%, mientras que los salarios apenas han experimentado un incremento del 3 al 4%. Esta disparidad económica se agrava en el contexto local, donde las alzas de precios en los alquileres del centro de la ciudad están desplazando el problema hacia barrios como Industria y Franciscanos, afectando gravemente a las personas trabajadoras. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de denunciar la influencia negativa de los fondos de inversión que monopolizan el mercado de la vivienda.
El secretario general también ha exigido a las administraciones que trabajen de forma coordinada para buscar soluciones que faciliten el acceso a la vivienda. En este sentido, ha instado al Gobierno de Castilla La Mancha a revisar las zonas que presentan tensiones en el mercado inmobiliario, recordando que es un error afirmar que no existen tales situaciones en la comunidad.
Gómez ha lamentado que, a pesar de las lecciones aprendidas de la crisis generada por la burbuja inmobiliaria, la sociedad parece estar reviviendo patrones que enriquecen a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos.
Por su parte, María Olivas ha expuesto una serie de prácticas abusivas que han observado al analizar los anuncios de alquiler y venta de viviendas. Han encontrado un aumento en la oferta de pisos de alquiler temporal, dirigidos principalmente a estudiantes y trabajadores con contratos efímeros, que excluyen a parejas y familias con hijos. Este tipo de condiciones dificulta la estabilidad y tranquilidad de los inquilinos.
Olivas ha mencionado que es común que los arrendadores exijan dos meses de fianza, así como una cuota adicional por «gestión del arrendamiento», que es una forma encubierta de cobrar gastos adicionales. En cuanto a los precios, ha resaltado que, de unos 240 pisos disponibles en las plataformas de alquiler, solo 7 tienen un coste inferior a 600 euros, lo que obliga a muchas familias de barrios tradicionales como Franciscanos a destinar más del 40% de sus ingresos a la vivienda.
Ambos dirigentes han dejado claro que la situación de la vivienda es insostenible y que es fundamental actuar de inmediato para proteger los derechos de los ciudadanos en este ámbito.
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