La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, ha presentado este viernes en el Palacio de Justicia de Albacete la memoria judicial del año 2024, donde destaca un aumento del 8,7% en los casos judiciales pendientes en comparación con el año anterior. Este incremento se debe, en gran parte, a la falta de jueces en la región.
Pese a este panorama, Astray ha enfatizado que las resoluciones judiciales han aumentado un 25,9%. Sin embargo, este aumento no logra compensar el total de casos acumulados y el ingreso de nuevos litigios, que ha ascendido un 14,6%. En total, los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha resolvieron 263.460 asuntos en el último año judicial, frente a los 196.497 de 2023, mientras que se registraron 283.872 nuevos casos.
La magistrada ha resumido el año fiscal, señalando que «los Tribunales han hecho un mayor esfuerzo resolutivo pero no son capaces de reducir el número de asuntos pendientes». Esta situación se atribuye a la escasa dotación de jueces en la región, posicionando a Castilla-La Mancha como la última comunidad en cuanto a número de jueces por habitante, con solo 10 jueces por cada 100.000 habitantes, según señala la memoria presentada.
Astray ha indicado que el aumento de litigiosidad está asociado al crecimiento poblacional y a una mayor presión judicial, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara. Aunque en 2024 se han puesto en funcionamiento nuevos juzgados y se han incorporado magistrados en distintos ámbitos, la presidenta ha destacado la necesidad urgente de crear 45 nuevas plazas para jueces y magistrados en la región, argumentando que «hay que destinar muchos recursos a un territorio muy extenso que es muy difícil de cubrir».
La jurisdicción social ha sido el sector con mayor incremento de casos, con un aumento del 34,5% en nuevos litigios, seguida de la jurisdicción civil, que ha crecido un 31%. Asimismo, los casos de jurisdicción penal han aumentado casi un 15%, y los Juzgados de Primera Instancia han experimentado un incremento del 23,8%.
A la carencia de jueces, Astray ha añadido problemas de infraestructuras. Ha mencionado casos en los Juzgados de Illescas y Talavera, donde las instalaciones son demasiado pequeñas y temporales, obligando a los jueces a compartir salas. Esta situación, junto con la falta de sistemas móviles de grabación de los procesos, genera problemas como colas y perjuicios para las víctimas, especialmente en casos de violencia de género.
Astray ha enfatizado la importancia de contar con más y mejor infraestructura, solicitando un mayor número de salas con servicio de videoconferencias para proteger a las personas vulnerables. Sin embargo, ha admitido que muchos de estos problemas son difíciles de resolver por la falta de recursos económicos, afirmando que «carecen de esa varita mágica que se llama presupuesto».
A pesar de estos desafíos, ha expresado confianza en los profesionales de la judicatura y ha agradecido su esfuerzo por mejorar las tasas de resolución en el último año. Desde que asumió la presidencia en febrero, Astray ha enfocado sus esfuerzos en cuestiones de violencia de género y atención a las víctimas vulnerables, anunciando la reactivación de la Comisión Regional de Violencia de Género y la creación de protocolos para la atención de enfermos mentales en procesos judiciales.
En relación a la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, que busca reorganizar la composición de los tribunales, Astray ha manifestado que «los objetivos de eficacia serán muy difíciles de cumplir sin un aumento del presupuesto». Ha advertido que la aplicación de la nueva ley podría impactar más en las capitales de provincia con mayor carga de trabajo, aunque se ha mostrado cautelosa, recordando que cambios anteriores han presentado dificultades en su implementación.
Finalmente, ha resaltado que «es la ley y hay que cumplirla», aunque ha insistido en la necesidad de una propuesta presupuestaria ambiciosa y un aumento en la plantilla judicial para enfrentar los serios desafíos que se avecinan.
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