Endesa e Iberdrola han enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de sus centrales nucleares, aunque el Gobierno considera que se trata de una mera declaración de intenciones que no aborda los requisitos fundamentales delineados por su administración. Las exigencias del Ejecutivo se centran en la seguridad para las personas, la garantía del suministro energético y la no generación de costos adicionales para los ciudadanos. A pesar de que la propuesta mantiene la fecha de cierre de 2035, busca ampliar los plazos intermedios, comenzando con la central de Almaraz, cuya clausura está programada para entre 2027 y 2028, solicitando su extensión hasta 2030.
El Gobierno también ha dejado claro que las propuestas deben contar con el apoyo unánime de los socios en las instalaciones nucleares, lo que complica la situación, ya que Naturgy y EDP no respaldan la carta enviada. Además, la fiscalidad elevada que enfrentan las centrales nucleares en España, un obstáculo significativo según un estudio reciente, se ha convertido en un tema crucial para las eléctricas. El presidente Pedro Sánchez ha señalado que cualquier prórroga debe garantizar no solo la seguridad, sino también la viabilidad económica y que los costos no recaigan sobre el contribuyente, así estableciendo un debate sobre el futuro de la energía nuclear en el país.
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