El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete acoge este lunes el juicio contra una pediatra y una enfermera acusadas por la muerte de una bebé de 22 meses en el Hospital General Universitario de Albacete, en septiembre de 2019. La Fiscalía considera que ambas profesionales cometieron un error grave en la atención médica que desencadenó el fallecimiento de la menor, y solicita para cada una de ellas una pena de un año y medio de prisión, así como cuatro años de inhabilitación profesional.
Los hechos se remontan al 22 de septiembre de 2019, cuando los padres de la niña acudieron de urgencia al hospital tras comprobar que la pequeña había ingerido accidentalmente una elevada dosis de un medicamento potencialmente tóxico. Según el escrito de acusación, la pediatra de guardia optó por administrar carbón activado, un tratamiento habitual en casos de intoxicación, pero confundió la vía de administración del producto, y ordenó a la enfermera que lo introdujera por una vía venosa, en lugar de la vía digestiva correspondiente.
La enfermera, siempre según la Fiscalía, no verificó la orden médica ni la vía utilizada, y acabó inyectando el carbón directamente en el torrente sanguíneo. Esta acción provocó un embolismo inmediato que derivó en una parada cardiorrespiratoria fulminante, causándole la muerte a la menor.
El Ministerio Público califica lo ocurrido como un grave error profesional evitable, y atribuye a ambas sanitarias un delito de homicidio por imprudencia grave. Además de la pena de prisión y la inhabilitación solicitada, la Fiscalía reclama que se indemnice a la familia con una suma superior a los 90.000 euros, cuantía que sería cubierta por las aseguradoras del hospital.
Este caso ha generado una gran expectación tanto en el ámbito sanitario como en la sociedad albaceteña, por las implicaciones legales y emocionales que rodean el fallecimiento de una menor en un entorno hospitalario. Se espera que el juicio esclarezca los hechos y determine el grado de responsabilidad profesional de las acusadas.
El procedimiento reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en la atención pediátrica de urgencias, así como sobre la supervisión en la administración de tratamientos críticos. Mientras tanto, la familia de la pequeña sigue esperando justicia por lo que consideran una cadena de negligencias fatales en un momento en el que cada segundo contaba.
