El Gobierno español ha tomado una postura firme ante la reciente filtración de mensajes privados entre el presidente Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció que, en caso de que no se inicie una investigación oficial, el Ejecutivo procederá con acciones legales para esclarecer el origen de la filtración, la cual considera un posible acto delictivo. Bolaños subrayó que la privacidad del presidente no se respeta y que esta situación no puede seguir ocurriendo.
Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz también se mostró alarmada ante lo que calificó como un acto «gravísimo». Aunque evitó comentar el contenido de los mensajes, enfatizó la necesidad de que se asuman responsabilidades jurídicas por las filtraciones, particularmente en un contexto relacionado con investigaciones judiciales. Esto se enmarca en un clima de tensión política, donde las conversaciones reveladas en un medio de comunicación incluyen descalificaciones y análisis de decisiones estratégicas dentro del Gobierno.
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