La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por la obligatoriedad del pago de un impuesto que discrimina a los extranjeros con viviendas en el país. Según el organismo, los «contribuyentes no residentes» deben tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) un 2% del valor catastral de sus propiedades como «renta teórica», mientras que los ciudadanos españoles no están sujetos a esta carga. Bruselas considera que esta situación infringe los principios de movilidad laboral y de capital establecidos en la normativa de la Unión Europea.

Como primer paso en un proceso de infracción, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a España, que deberá responder en un plazo de dos meses. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, se podría emitir un dictamen motivado, lo que podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación pone de manifiesto las tensiones entre la legislación nacional española y las normativas comunitarias que buscan garantizar la igualdad de trato entre residentes y no residentes.

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