La Comisión Europea ha anunciado el desembolso del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia para España, que representa un total de 23.100 millones de euros. Este monto se compone de 8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos. Sin embargo, Bruselas ha decidido descontar 1.000 millones debido al incumplimiento del Gobierno español respecto a dos objetivos clave: el aumento fiscal al diésel y las inversiones necesarias para fomentar la digitalización en entidades regionales y locales. Este ajuste refleja una medida de presión para que España cumpla con los compromisos acordados de cara a una recuperación más eficaz post-pandemia.
Los fondos están destinados a diversas mejoras estructurales, como el impulso de energías renovables, la reducción de burocracia, y el incremento de la eficiencia en el sistema judicial. Además, se priorizarán inversiones en la red ferroviaria de corta distancia y el fortalecimiento de la ciberseguridad. España forma parte de un grupo de beneficiarios que incluye a Italia, Portugal, Chipre y Malta, sumando un desembolso total de cerca de 43.000 millones de euros por parte de Bruselas. A pesar de la suspensión parcial de los fondos, España cuenta con un plazo adicional para cumplir los objetivos pendientes y asegurar el monto completo, reflejando la importancia de estas reformas para la estabilidad económica del país.
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