En el contexto del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado que está trabajando de manera más clara para garantizar este derecho. La consejera de Igualdad, Sara Simón, hizo estas declaraciones durante la constitución de la Mesa Regional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, al ser preguntada por los medios sobre el tema.
Simón indicó que este lunes diversas organizaciones feministas, sociales y sindicales han programado concentraciones en varias ciudades de la región, incluyendo Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Estas agrupaciones buscan denunciar el supuesto «incumplimiento» del Gobierno regional en su responsabilidad de asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública.
La consejera enfatizó que en Castilla-La Mancha está garantizado el acceso al aborto para todas las mujeres que lo deseen, el cual es «libre y gratuito», aunque se lleva a cabo en «clínicas especializadas» en este ámbito. En este sentido, el Gobierno regional trabaja para que el derecho al aborto sea más ejemplificado, destacando la reciente creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.
El objetivo de este registro es que los médicos puedan expresar su voluntad de ser objetores de conciencia, o no, en el contexto de la interrupción voluntaria del embarazo. La Consejería de Sanidad se encuentra en diálogo con los profesionales para poder dar una respuesta adecuada a esta situación, llevando a cabo este proceso de manera «sosegada, calmada y tranquila».
Es relevante mencionar que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en marzo pasado un decreto que establece el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo, permitiendo a aquellos que lo deseen formalizar su decisión a través de un trámite telemático.
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