Las tensiones en torno al trasvase Tajo-Segura se intensifican a medida que el Gobierno de España se retrasa más de un año en modificar las normas de explotación del acueducto, a pesar de que una reciente exigencia del plan del Tajo aboga por aumentar el caudal ecológico. Mientras que las autoridades de la Comunidad Valenciana, lideradas por el consejero de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, critican la presión ejercida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para limitar el trasvase, insisten en la necesidad de mantener las reglas de explotación actuales, que consideran legales y necesarias para la región. La situación se complica con la inminente aprobación de un nuevo trasvase en abril, donde Barrachina reclama una autorización automática, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica aún no toma decisiones al respecto.
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha defiende su enfoque de priorizar el cumplimiento de la ley y las sentencias del Tribunal Supremo que ordenan respetar los caudales ecológicos. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, enfatiza que la necesidad de modificar las reglas de explotación es urgente y pide que todas las administraciones públicas, incluida la Generalitat Valenciana, actúen en concordancia. A nivel político, el PSOE de Castilla-La Mancha contrarresta las acusaciones de insolidaridad provenientes de los dirigentes valencianos, subrayando que la región ha mostrado solidaridad en el pasado, pero afirma que el suministro de agua debe ser equitativo y sostenible.
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