El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un importante paso adelante al aprobar un convenio de 80,3 millones de euros para mejorar la atención a personas en situación de dependencia. Esta iniciativa, que beneficiará a más de 80.000 ciudadanos, se centra en reducir listas de espera, personalizar los servicios y estabilizar el empleo en un sector vital que ya genera más de 30.000 puestos de trabajo. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacó el compromiso del gobierno regional para garantizar que la atención a la dependencia se convierta en un derecho fundamental, al mismo nivel que la sanidad y la educación.

García Torijano también subrayó la relevancia política de este convenio, que recupera niveles de cooperación previamente suprimidos, evidenciando la evolución del presupuesto en dependencia desde 32 millones en 2021 a más de 80 millones para 2025. Con un enfoque en la digitalización y la teleasistencia avanzada, la administración regional busca cumplir con los plazos legales para la resolución de expedientes, logrando que Castilla-La Mancha resuelva estos casos en la mitad de tiempo que la media nacional. La consejera enfatizó la importancia de una financiación justa por parte del Estado, que históricamente ha asumido solo un 26% del coste total de dependencia, pidiendo corresponsabilidad y justicia social en la gestión de estos recursos.

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